Decreto 15-2026 en Guatemala: cambios y obligaciones de la nueva ley antilavado
El Decreto 15-2026 de Guatemala establece disposiciones orientadas a la prevención y represión del lavado de dinero y otros activos. Conocer su alcance y las obligaciones que contempla es importante para las personas y entidades sujetas a su cumplimiento.
¿Qué establece el Decreto 15-2026 en Guatemala y cómo afecta a las empresas?
El Decreto 15-2026, vigente desde el 17 de septiembre de 2026, introduce cambios en el marco legal para fortalecer la prevención, detección y supervisión de operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito. Conocer sus principales disposiciones permite a las organizaciones comprender mejor sus responsabilidades y evaluar si necesitan actualizar sus controles internos.
Entre sus principales aspectos destacan:
Unificación del marco legal: integra la regulación relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incorporando también medidas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Alineación internacional: busca adecuar la legislación nacional a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y GAFILAT.
Ampliación de sujetos obligados: incorpora nuevas actividades y sectores bajo determinadas obligaciones de prevención y supervisión.
Identificación del beneficiario final: busca identificar a las personas físicas que realmente poseen o controlan una empresa o se benefician de determinadas operaciones.
Supervisión de la IVE: fortalece el marco de prevención y las funciones de la Intendencia de Verificación Especial, adscrita a la Superintendencia de Bancos.
Aclaración sobre el efectivo y la economía informal: la ley no pretende criminalizar las actividades económicas informales legítimas ni el uso lícito de dinero en efectivo.
¿Cómo afecta a las empresas y los auditores?
La nueva normativa hace relevante revisar los procedimientos de control interno, la documentación financiera y la identificación de riesgos asociados con las operaciones comerciales.
Desde la perspectiva de la auditoría, las empresas pueden evaluar aspectos como:
✔️ La documentación que respalda sus transacciones.
✔️ Los procedimientos de identificación de clientes y proveedores.
✔️ La trazabilidad de las operaciones financieras.
✔️ La identificación de riesgos y la aplicación de controles internos.
✔️ El cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan a su actividad.
Por ejemplo, una empresa puede revisar si sus operaciones cuentan con contratos, facturas y documentación suficiente para explicar su naturaleza y justificación económica.
Importante: las obligaciones específicas dependen de la actividad desarrollada y de las disposiciones aplicables a cada persona o entidad. No todos los profesionales ni todas las empresas están sujetos automáticamente a los mismos requisitos.
¿Qué deberían revisar las empresas?
Ante la entrada en vigor de la nueva ley del Decreto 15-2026, las organizaciones pueden comenzar por cuatro acciones:
1. Verificar sus obligaciones: determinar si su actividad está comprendida dentro de las categorías de personas obligadas.
2. Revisar sus controles internos: evaluar si sus procedimientos permiten identificar y gestionar los riesgos relevantes.
3. Fortalecer la documentación: mantener registros adecuados y respaldos de las operaciones.
4. Capacitar al personal: informar sobre los procedimientos internos y las medidas de prevención aplicables.
Estas acciones ayudan a mejorar la gestión de riesgos y a preparar a las organizaciones para cumplir con sus responsabilidades.
Estas acciones ayudan a mejorar la gestión de riesgos y a preparar a las organizaciones para cumplir con sus responsabilidades.
Si tiene consultas sobre la aplicación de este decreto o desea una revisión de sus controles actuales, contáctenos hoy mismo y con gusto le acompañaremos en el proceso.
